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Detrás de cada organismo autónomo hay una lucha concreta de la sociedad civil organizada para cerrar una puerta al autoritarismo.
Si hoy no hubiera INE, las elecciones serían como las de 1988, cuando Manuel Bartlett encabezaba la Comisión Federal Electoral. El gobierno organizaba las elecciones.
Si no hubiera CNDH, el gobierno podría enterrar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, como sucedió con la matanza del río Tula en 1982.
Si no hubiera un Banco de México autónomo, seguramente la inflación sería superior al 100%, como sucedía en los años 80, y no de menos de 5% como ocurre hoy.
Si no hubiera instituciones como el INAI y el INEGI, del gobierno podría informar lo que quisiera sobre su gestión y el ciudadano no podría ejercer su derecho a saber.
Si no hubiera Auditoría Superior de la Federación, los funcionarios no tendrían necesidad de rendir cuentas respecto del ejercicio del gasto público porque nadie lo revisaría ni pediría cuentas.
Si no hubiera INEE, las plazas de maestro y director de escuela se seguirían asignando de acuerdo con criterios políticos o se venderían al mejor postor (como algunos quieren que vuelva a suceder).
Si no hubiera Ifetel, los usuarios de la telefonía celular seguirían pagando tarifas altas y no habría tantos millones de mexicanos con acceso a ese servicio de comunicación.
Los beneficios de tener organismos autónomos son indudables. Si en algunos de ellos ha habido irregularidades, exijamos que se castiguen pero defendamos a los organismos autónomos por lo mucho que nos ha costado tenerlos.
