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Consecuencias de la aplicación del 155 
Doce presos políticos. Siete personas en el exilio. 254 funcionarios cesados. 108 iniciativas normativas descartadas. Catalunya gobernada desde Madrid. El Parlamento paralizado.
Algunas de estas cifras se encuentran en el Tercer Inventario de Daños que ha recopilado la Associació Servidors Públics de Catalunya.
Los ministros que tenían que tomar las riendas la Conselleria que les correspondiera, llegaron a Catalunya sin saber cómo funcionaban las instituciones catalanas, lo que ha provocó una parálisis.
Ahora ya saben cómo funcionan.
Ahora ya saben cómo funcionan.
Para controlar que la Generalitat no gastase ni un céntimo en ninguna acción independentista, cada actividad se tuvo que enviar a Madrid para que ser aprobada y desbloquear la partida presupuestaria aunque la no tuviera nada que ver con la República.
Madrid no aprobó, pese a estar en el presupuesto 2017, el millón de euros anuales para un programa de drogodependencia del Ayuntamiento de Barcelona, ni la subvención a la fundación Arrels para atender a los sin techo drogodependientes.
El motivo que dieron, según el subdirector del Servei Català de la Salut, Josep Maria Argimon, fue “no se considera oportuno”.
Los departamentos más intervenidos fueron el de Asuntos y Relaciones Institucionales Exteriores y Transparencia, de Raul Romeva (en prisión desde el 24 de marzo) y el de Interior, de Joaquim Forn (en prisión desde el 2 de noviembre).
Con el 155 en el cuerpo de la policía catalana no se sabe quién da las órdenes políticas.
En las cargas policiales de los Mossos d’Esquadra se desconoce si el equipo de la ARRO o de la BRIMO toman decisiones para los operativos o si son decisiones políticas.
En las cargas policiales de los Mossos d’Esquadra se desconoce si el equipo de la ARRO o de la BRIMO toman decisiones para los operativos o si son decisiones políticas.
La policía catalana empezó a recibir ataques a partir de la gestión que hizo con los atentados que hubo en Catalunya. La ejecución de los cortes de carretera, de los controles, la rápida actuación en Cambrils, a algunos no les gustó.
La campaña de descrédito fue liderada por varios medios de comunicación estatales y por sindicatos de la GC, quienes junto a la PN fueron condecorados por el ministro del Interior por su actuación durante el referéndum del #1O que causó más de 1.000 heridos,...
...mientras que el ministerio de Interior se negó a condecorar a los Mossos por su labor durante los atentados.
Tras la huelga general convocada por la Intersindical el 3 de octubre, varios trabajadores de la administración decidieron agruparse en 39 ADIC (Asambleas de trabajadores/as en defensa de las instituciones catalanas).
La mayoría de sus protestas fueron puramente simbólicas (llenar los despachos de lazos amarillos, decorar con carteles en contra del 155 y con fotografías del Govern legítim), pero hasta esto les llevó problemas.
Una persona fue a pedir subvenciones del Departamento de Interior, y al ver los carteles gritó en medio del pasillo: “¿¡cómo permitís que haya delincuentes en las paredes!?”, por lo que llamó al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para informarle de la situación.
Tras eso los funcionarios recibieron una circular que les advertía que iban a retirar los carteles porque...
“el uso del espacio público del Departamento para mostrar públicamente determinado posicionamiento (…) interfiere con la necesaria neutralidad que corresponde a estos espacios y puede generar susceptibilidades”.
¿Les suena lo del uso del espacio público?
¿Les suena lo del uso del espacio público?
Con la aplicación del 155 la Generalitat se personó en la causa del Tribunal de Cuentas contra Artur Mas por el referéndum del 9 de noviembre.
En la conferencia de educación donde se discutía el modelo de acceso a la función pública, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, votó en nombre de la Generalitat la misma opción que votaron las comunidades autónomas controladas por el PP.
Hicieron muchas cosas en nombre de la Generalitat que ésta no haría nunca, gobernase quien gobernase.
El primer borrador del 155 contemplaba intervenir los medios de comunicación públicos catalanes, medida que alertó a muchos medios internacionales.
Frente a esta posible aplicación, los profesionales reaccionaron rápidamente y organizaron una rueda de prensa en la que expresaron que no iban a acatarlo.
El director de TV3, Vicent Sanchis, explicó que el artículo no se aplicó en los medios públicos catalanes, pero el trabajo de la televisión catalana se vio afectado por los ataques de partidos políticos como C’s y PP.
Acusaron a TV3 de dar propaganda a un golpe de Estado, también sufrió presiones económicas de las nuevas medidas sobre la ley del IVA, en la que Hacienda reclamó 87 millones a la televisión catalana y que afectó a la producción externa.
Otro de los efectos es la autocensura. Los trabajadores de la casa no se sienten libres trabajando, se sienten coaccionados. No hubo 155 pero sí una campaña continua de difamación, de estigmatización, de criminalización.
Pese a que el 155 debería retirarse después de la formación de Gobierno en Catalunya, el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, advirtió en una entrevista el pasado 30 de abril que si fuese necesario se aplicaría de nuevo, pero...
..precisó que sería “focalizadamente, con una cirugía más fina”.
“El 155 ha venido para quedarse”, sentenció el diputado independiente de Esquerra Republicana de Catalunya Ruben Wagensberg.
Las consecuencias del 155 aún se notan en la sanidad catalana.
“El 155 ha venido para quedarse”, sentenció el diputado independiente de Esquerra Republicana de Catalunya Ruben Wagensberg.
Las consecuencias del 155 aún se notan en la sanidad catalana.
El responsable de la sanidad catalana durante los siete meses de aplicación del artículo 155 dice que, pese al blindaje de la asistencia, el sistema notó en exceso la intervención, bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad.
Fue una etapa marcada por el blindaje de la actividad asistencial y las trabas administrativas.
El plan contra las listas de espera, la ley de universalidad, la nueva estrategia para atención primaria, el impulso a la salud comunitaria, la lucha contra las desigualdades sociales, el foco en la salud mental… estaba hecho.
Y se paralizó todo.
Y se paralizó todo.
El ministerio no entendía el sistema sanitario catalán, su modelo, y no siempre hubo intención de comprenderlo.
El ministerio no comprendiera el sistema de tarifas a proveedores sanitarios, ya que los retrasos pusieron en riesgo los salarios de las entidades proveedoras de servicios sociosanitarios, por ejemplo.
Se vieron afectadas subvenciones y convenios que no pudieron aprobarse en 2017 y quedaron pendientes para 2018, dilatándose en el tiempo.
Gracias al CatSalut, al ICS y a todos los profesionales sanitarios, el 155 tuvo menos impacto del que podría hacer tenido.
Gracias al CatSalut, al ICS y a todos los profesionales sanitarios, el 155 tuvo menos impacto del que podría hacer tenido.
Además de decisiones administrativas, también calaron decisiones de corte político.
No se pudo asistir a los Consejos Interterritoriales y era la ministra Dolors Montserrat la que decidía por Cataluña.
Fueron decisiones del Ministerio de Sanidad, no de la Consejería de Salud.
No se pudo asistir a los Consejos Interterritoriales y era la ministra Dolors Montserrat la que decidía por Cataluña.
Fueron decisiones del Ministerio de Sanidad, no de la Consejería de Salud.
Además, se interpuso un recurso a la ley de universalidad.
Son ejemplos de directrices políticas.
Son ejemplos de directrices políticas.
Se paralizó los pactos logrados en la legislatura previa, luchando contra la precariedad, la temporalidad, la mejora de condiciones laborales más allá de las económicas para los profesionales y las inversiones en infraestructuras.
Los documentos internos de los expedientes de Acuerdos que se tenían que enviar a aprobar al Consejo de Ministros substituyendo al Govern se elaboraron en castellano o se tradujeron.
La traducción de estos informes y notas internas adicionales generaron un coste temporal y un coste económico.
A partir de los datos de los diferentes departamentos del Govern y un estudio exhaustivo y riguroso, el 155 supuso la afectación en los presupuestos de más de 1.800 millones de euros, ya sea por pérdidas, bloqueos o retrasos.
También se perdieron más de 130 millones de euros directamente atribuibles a la aplicación del 155 y que entidades sociales y universidades se vieran afectadas.
Importantes asuntos que se bloquearon sin motivo aparente o, a causa de la complejidad burocrática impuesta por la Administración General del Estado, sufrieron retrasos en su tramitación.
No se consideran impacto económico directo, pero sus efectos económicos pueden ser muy importantes.
Ejemplo: en la consellería de Interior se dio la "imposibilidad" de que los Mossos d'Esquadra pudieran acceder al dinero de los fondos reservados con los cuales se financiaba la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
También en el Departamento de Trabajo se produjo un "retraso en la tramitación de 395 contratos, en las prórrogas de éstos (585) y en los convenios para prestación de servicios (334)".
El 155 supuso una gran carga de trabajo suplementario sin ningún valor añadido y un incremento de la burocracia; y afectó a las inversiones de las consellerias, así como a las compras, servicios y suministros que no se pudieron realizar o que se demoraron en el tiempo.
Se sitúan en 50 millones lo perdido en subvenciones y ayudas que no se pudieron tramitar y que afectaron a los colectivos más vulnerables, se cifra en que 1.057 entidades de ámbito social afectadas o que en el programa FEDER se paralizaron proyectos, con un impacto de 25,4 MM.
Se denunció asimismo la indefensión de la Generalitat ante los tribunales; se anuló la capacidad de cerrar acuerdos de colaboración con otras instituciones.
Por ejemplo la imposibilidad de aprobar la línea de ayudas a la promoción de vivienda social por importe de 140 millones, entre otros.
El 155 se trató de "un instrumento perfectamente planificado para suspender el autogobierno de Cataluña".
Había otras vías o fórmulas para avanzar en la negociación del conflicto que el Gobierno nunca contempló y que el entonces President Carles Puigdemont ofreció como mínimo en dos ocasiones.
Se optó por la imposición coartiva de una parte sobre la otra: eso fue el 155, una intervención que no se adecuó a los principios de necesidad ni proporcionalidad.
El Estado central no ha reconocido nunca la naturaleza política del problema subyacente: una mayoría social a favor de un referéndum y de un segmento muy importante de la sociedad catalana que no quiere permanecer en España.
La solución represiva ha aumentado la desafección, persuadido a muchos indecisos de que no hay forma de que Cataluña encaje en España y que, por tanto, la única salida es la independencia.
En las próximas elecciones, habrá una mayoría aún más amplia a favor de la separación de Cataluña y se volverá a plantear el mismo conflicto, en versión agravada.
