Me parece triste/cuestionable que la Secretaría de la Función Pública y su titular celebren la ley de austeridad. Cualquier conocedor(a) de la administración pública (teórica, práctica) sabe que la ley y demás medidas de austeridad están destruyendo el sector público. Me explico:
Según la LOAPF, la SFP es la institución responsable de, entre otras cosas, guiar a las organizaciones públicas federales en temas de gestión interna para organizar/aprovechar de la mejor forma sus medios/recursos y conseguir así los fines públicos que beneficien a la sociedad... 
Sin embargo, la ley de austeridad se basa en premisas erróneas y datos imposibles de verificar, al tiempo que impulsa medidas equivocadas, cuyas consecuencias de mediano y largo plazo afectarán (aún más) las capacidades administrativas del Estado mexicano.
Quienes celebran la ley hablan, por ejemplo, de que se “buscan frenar los derroches burocráticos” y los “gastos superfluos”. Pero, más allá de la retórica, no han ofrecido cifras claras, ni han explicado qué derroches, ni han detallado realmente los ahorros conseguidos.
La austeridad se vende como un “modo de vida democrático”, pero se ignora que es sólo un medio que pudiera (o no) servir para administrar mejor, para conseguir otros objetivos mayores, etc.
De hecho, como lo ha explicado Christopher Hood desde hace tiempo, la austeridad es uno de muchos valores gubernamentales importantes en una democracia. Véase: newdoc.nccu.edu.tw/teasyllabus/11…
Además, hoy sabemos que los beneficios potenciales de las políticas de austeridad son, por lo menos, debatibles, si no es que negativos. Véanse por ejemplo el libro de Mark Blyth elpais.com/cultura/2014/0… o esta nota: theguardian.com/commentisfree/….
(Y, por cierto, hoy en día quizás no hay idea más “neoliberal” que la austeridad: theguardian.com/commentisfree/…)...
La ley desaparece las Direcciones Generales Adjuntas. Pero la SFP no ha mostrado qué análisis previos hizo, si tomó en cuenta que en algunas organizaciones no hay directores generales, si hay planes para lidiar con los efectos que esto pudiera causar en las estructuras públicas…
La SFP tampoco pareciera mostrar conocimiento de cómo ha cambiado el entorno laboral del sector público en todo el mundo, el cual exige cada vez más personal con mayores cualificaciones técnicas y gerenciales (justo el personal en puestos de DGA). Véase: volckeralliance.org/news/new-study…
La ley también establece un plazo de 10 años como prohibición para que l@s funcionari@s trabajen en sectores que hayan regulado previamente. Esto, que se vende como ejemplo de probidad pública es, por decir lo menos, una tontería. Léase, por ejemplo, esto: animalpolitico.com/mexico-como-va…
Aunque corrupción y conflictos de interés han sido un problema terrible para MX, la prohibición de 10 años difícilmente habrá de solucionarlos. Servicios civiles, niveles salariales competitivos, reglas de contacto y mejores condiciones laborales serían más útiles/menos dañinos.
Además, en ámbitos regulatorios se ha mostrado que hay muchos otros recursos e instituciones que pueden activarse para mantener bajo control los riesgos de "captura" vinculados a la “puerta giratoria”: tobinproject.org/sites/tobinpro…
La prohibición de 10 años, en cambio, afectará el reclutamiento y especialización de funcionari@s, la circulación de ideas, los intercambios de información entre gobierno y sector privado, la imagen (reputación) de las organizaciones públicas ante sus públicos relevantes, etc.
Por todo ello, es una lástima que la SFP “celebre” una ley que, en lugar de mejorar el funcionamiento de las organizaciones públicas, en realidad minará las capacidades administrativas, regulatorias, de coordinación y de implementación del Estado mexicano.
Nuestro servicio público debe refundarse y modernizarse para proveer más/mejores bienes y servicios. Pero eso requiere de análisis cuidadosos y propuestas de reforma inteligentes. De frases huecas, ocurrencias sin sustento y fotos personales hemos tenido ya suficiente. Gracias.
