Las últimas semanas, cientos de miles de personas han tomado las calles de países latinoamericanos para protestar contra las clases políticas que los gobiernan. En respuesta, los órganos de seguridad y represión se reconfiguran para el contraataque. 
Tras la renuncia bajo coacción de Evo Morales, comunidades indígenas de distintas zonas del país salieron a denunciar golpe de Estado. El Alto fue, en ese sentido, uno de los símbolos que detonó la organización de los movimientos sociales para resistir.
La presidenta de facto Jeanine Añez, siguiendo las polémicas amenazas de Arturo Murillo de “cazar” a seguidores de Evo Morales, firmó un decreto con el que autoriza a las FFAA a usar "todos sus medios disponibles" para controlar las manifestaciones.
misionverdad.com/tendencias/ane…
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Según el artículo 3 del decreto emitido, las unidades militares que actúen en los “operativos de restablecimiento del orden interno” estarán “exentas de responsabilidad penal”.
Hasta los momentos, las consecuencias de esa autorización se traducen en 34 fallecidos, más de 800 heridos y más de 50 detenidos, como lo refleja una denuncia de la Defensoría del Pueblo boliviana. El decreto fue abrogado después.
El gobierno de Sebastián Piñera se apresura a conseguir una absolución de responsabilidades semejante a la del caso en Bolivia. Este domingo, el mandatario firmó y envió al Congreso, un proyecto de ley que permite a las FFAA proteger las infraestructuras críticas del país.
Sin embargo, Piñera no mencionó que el documento le da carta blanca a la represión, al estilo boliviano: “exención de responsabilidad penal” para aquel personal militar que esté “defendiendo” las infraestructuras.
La polémica medida generó rechazo en el bloque opositor del Congreso. Miguel Crispi, diputado por el partido Revolución Democrática, manifestó que el uso de la fuerza “no lo puede definir el presidente”.
Pero la impunidad en Chile existe incluso sin necesidad de un decreto. Carabineros y militares han protagonizado actos de extrema violencia: abusos sexuales, mal empleo del armamento reglamentario, robos y desapariciones. misionverdad.com/TRAMA-GLOBAL/c…
Por su parte, Jair Bolsonaro se adelanta a los hechos. El 22 de noviembre defendió un proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo al Congreso, que contempla “eximir de responsabilidades” a policías y militares por “acciones letales durante operativos”.
La decisión corresponde a una maniobra para criminalizar a los movimientos sociales. Se pretende utilizar la Garantía de Ley y Orden (GLO) para intervenir en el conflicto agrario del país, expulsando a las personas que invaden propiedades rurales.
Gladstone Leonel Júnior, profesor de derecho en la Universidad Federal Fluminense (UFF) advierte que “la tensión en el campo ya es alta en Brasil y tiende a empeorar con el tono de guerra del presidente”.
De este modo, las GLO, que tienen lugar cuando los recursos de las fuerzas de seguridad pública se agotan, no tendrán que responder ante la ley por crímenes cometidos durante una probable escena de confrontación entre campesinos y fuerzas de seguridad.
El proyecto de ley que defiende Bolsonaro también podrá aplicarse durante manifestaciones sociales que sean consideradas “actos terroristas” por el gobierno federal, según lo explicó el propio mandatario.
Estos instrumentos legales dan cuenta del manual de contrainsurgencia que están aplicando los gobiernos neoliberales contra los levantamientos de la población, impidiendo que se materialicen en una verdadera fuerza que amenace su permanencia en el poder.
