La suya es una estrategia bien calculada pero también cruel y que entraña riesgos innecesarios, como pueden ser la incertidumbre de la seguridad médica de miles de enfermos pobres y la salud institucional de México. El gobierno de López está eliminando la cobertura de
tratamientos médicos onerosos —argumentando que volverán a proveerlos cuando haya más recursos—, ha recortado empleos públicos en varias instituciones e incluso ha reducido los presupuestos de algunas oficinas de gobierno hasta llevarlas a la inoperancia.
Todo parece indicar que
Todo parece indicar que
López está utilizando los primeros años de su gobierno para sembrar las condiciones que lleven al país a aceptar una reforma fiscal, estas medidas de austeridad implacables parecen allanar el camino para una muy deseada reforma fiscal: no solo están haciendo que el ciudadano
promedio demande con vehemencia que su gobierno encuentre maneras de solventar las terribles omisiones del sector público, sino que podrían llevar a que los potenciales detractores a una reforma tributaria carezcan de argumentos políticamente viables para oponerse a ella.
México recauda actualmente solo 0,8 puntos más del PIB de lo que recaudaba en 1983, en los últimos meses, sin embargo, algunas decisiones de López están creando las condiciones necesarias para que sea la propia opinión pública o funcionarios de otros niveles de gobierno los que
pidan el aumento de impuestos. Un presidente con el “supuesto” nivel de aprobación de López —que ronda el 70 por ciento— debiera ser capaz de plantear una reforma fiscal de frente sin tener que recurrir a tretas de puerta trasera que pongan en riesgo a las personas más pobres
que dependen del Estado. México tiene una larga deuda con el cobro de más impuestos a los a los más ricos y no solo a la clase media. Los ingresos del gobierno federal mexicano por concepto de impuestos son de apenas el 16,2 por ciento del PIB, menos que Bolivia, Nicaragua,
Honduras y hasta que paraísos fiscales como Bahamas. Veladamente, López está abriendo paso para que se termine con tres políticas. Primero, la centralización de recursos de los estados a la federación, con López los estados están recibiendo cada vez menos recursos, esto está
creando un incentivo brutalmente efectivo para que los gobernadores empiecen a cobrar más impuestos. Apenas empezó el año, Baja California aumentó el impuesto a la nómina y permitió el aumento en el número de casinos que traerán mayor recaudación, Yucatán creó un gravamen
ambiental y de seguridad pública, Oaxaca está discutiendo un aumento al impuesto del mezcal y Puebla, uno al hospedaje y se reporta que al menos otras 8 entidades tienen cambios fiscales. Segundo, la reasignación del gasto público hacia programas sociales e inversión energética.
El presupuesto del gobierno de López ha dejado a múltiples instituciones encargadas de asuntos electorales y transparencia con muchos menos recursos para operar y, por tanto, con incentivos para apoyar una futura reforma fiscal. Algunos han interpretado estas reducciones en
presupuesto como atentados contra instituciones que son básicas para la democracia, seguramente que se trata de una manera de alinear a la oposición en favor de una reforma fiscal que permita dar más recursos a organizaciones que garantizan el funcionamiento saludable de la
democracia. Por último, otra forma en la que López silenciosamente ha creado condiciones para que se dé una reforma fiscal es mediante el diseño de políticas que, sin más dinero, crearán crueldades evidentes y visibles a los ojos de todos.
El nuevo sistema de salud, llamado
El nuevo sistema de salud, llamado
INSABI, es el mejor ejemplo de ello. La pretensión del gobierno de López es que el INSABI será un sistema se salud universal, pero basta ver el presupuesto asignado para saber que esta decisión desatenderá a los más pobres. Se estima que un sistema de salud verdaderamente
universal en México costaría aproximadamente 162.000 millones de pesos anuales, cuatro veces más del presupuesto que le asignó. Por lo mismo, desde su puesta en vigencia este mes, el INSABI determinó que no podría atender a todos los enfermos. Si López está recurriendo a estas
tretas políticas para evitar el costo político de una reforma fiscal estaría cometiendo una equivocación: el costo humano y de funcionamiento institucional es demasiado grande.
