Lo acontecido hoy, con la suspensión de las elecciones municipales, constituye una tragedia sin precedentes para la democracia dominicana. Nunca en la historia de la República se habían suspendido elecciones por falta de garantías suficientes al ejercicio del derecho al voto.
Desde hacía algún tiempo veníamos advirtiendo acerca de la necesidad de adoptar ciertas medidas de seguridad e integridad del sistema electoral, a los fines de garantizar plenamente el ejercicio del sufragio a través del voto automatizado.
Entre esas medidas se encontraban las de auditar y certificar previamente el programa de software a ser aplicado en el sistema de votación, así como de su reproducción en cada una de las máquinas de votación a ser utilizadas.
Esas medidas, que se aplican en cualquier lugar del mundo donde se realizan elecciones con el voto automatizado, no fueron adoptadas en nuestro país por la JCE, ni en las primarias del 6 de octubre, ni para las elecciones municipales previstas para el día de hoy.
Debido a nuestra sugerencia, la JCE, después de haber fracasado en la contratación de dos compañías auditoras, finalmente suscribió un acuerdo de trabajo con la empresa española, Alhambra Eidos, para la realización de una auditoría técnica-forense a lo acontecido en las primarias
De acuerdo con el comunicado publicado por la JCE, no el informe, aún desconocido, de la referida empresa, esta indicó que el sistema técnico aplicado por la autoridad electoral era robusto y sólido; y que había funcionado en forma adecuada.
Es evidente que con la publicación de ese comunicado, la Junta procuraba ganar confianza, credibilidad y legitimidad ante la opinión pública nacional. La suspensión de las elecciones municipales del día de hoy, pone en entredicho lo afirmado por la preindicada empresa española.
A decir verdad, lo que ha acontecido es el desplome total de la confianza y la credibilidad requeridas para que nuestro órgano electoral pueda organizar unos comicios que garanticen trasparencia y respeto absoluto a la voluntad popular.
Eso que ha ocurrido este domingo, fue el resultado de un conjunto de inconsistencias e irregularidades que desvirtuaban la opción de los ciudadanos para seleccionar los candidatos de su preferencia y el derecho fundamental de elegir y ser elegidos.
Para la celebración de estas elecciones municipales, la autoridad electoral realizó pruebas o simulacros de votación, respecto de las cuales informaron que habían sido exitosas; y que la población dominicana podía sentirse confiada en la pulcritud del proceso electoral.
Los problemas del fracasado proceso electoral municipal se evidenciaron ayer sábado, en horas de la tarde.
El equipo de técnicos informáticos de la Fuerza del Pueblo, empezó a recibir informaciones de distintos lugares del país que generaron preocupaciones en relación a la integridad del certamen que tendría lugar en el día de hoy.
Eso se agravó con la noticia de que técnicos de la Junta Central Electoral, sin la debida identificación y sin la presencia de los delegados de los partidos políticos, estaban interviniendo las máquinas de votación, sin que se supiera, hasta entonces, con qué finalidad.
A medida que avanzaba la tarde, entre 6 y 7 de la noche, se incrementaban las informaciones que ponían de relieve la gravedad de los problemas inicialmente detectados.
Frente a esa situación, nuestros delegados ante la Junta Central Electoral entraron en comunicación con los directores de elecciones y de informática de dicho organismo, con el propósito de constatar la veracidad de las informaciones recibidas.
Estos confirmaron el hecho. Admitieron que, efectivamente, algunos de sus técnicos estaban realizando labores para corregir algunos defectos que presentaba el sistema de votación en la configuración de las boletas electrónicas.
En principio, los funcionarios del órgano electoral minimizaron el problema.
Por eso, en reunión sostenida con los representantes de todos los partidos políticos, ayer, en altas horas de la noche, en la sede de la JCE, con la presencia de observadores de la OEA y del IFES, se acordó hacer los correctivos de lugar, previo al inicio del certamen comicial.
Fue por gestión de los delegados de los partidos de oposición, que tanto los observadores de la OEA como del IFES se enteraron de la situación de anomalía presentada en el sistema de votación.
Hasta ese momento, las autoridades electorales les habían mantenido al margen de lo que estaba ocurriendo.
Al iniciarse la votación, empezaron a brotar los problemas. Las inconsistencias e irregularidades se multiplicaban por doquier. En distintas boletas, de diversas demarcaciones, las casillas de los partidos de oposición brillaban por su ausencia.
En otros casos, candidatos eran excluidos; en otros tantos, las imágenes de partidos y candidatos aparecían truncadas.
En fin, un cúmulo de irregularidades que solo conducían a un desastre electoral.
En fin, un cúmulo de irregularidades que solo conducían a un desastre electoral.
El único partido que extrañamente no se vio afectado por ninguna de estas circunstancias anómalas, fue el partido de gobierno.
La cúpula dirigencial del partido de gobierno, desde hace algún tiempo, viene cultivando una inescrupulosa conducta de irrespeto a la Constitución, de desconocimiento de la institucionalidad democrática y de quebrantamiento de la voluntad popular.
Los colegios electorales abrieron sus puertas a partir de las 7 de la mañana. Los votantes empezaron a acudir, pero se tropezaron con las dificultades para ejercer plenamente su derecho al voto.
Dos horas después de haberse iniciado el proceso, cerca del 90% de los colegios electorales con el sistema de voto automatizado, no habían iniciado.
De igual manera había ocurrido con cerca del 20% de los colegios con sistema de votación manual. El caos se había extendido por todo el territorio nacional.
Frente a todo esto, la Junta Central Electoral, previa consulta con los líderes de los partidos políticos, decidió suspender la celebración de los comicios municipales. Solo el partido de gobierno sugirió que la suspensión fuese parcial.
Naturalmente, todo este drama implica una crisis de la democracia dominicana. Esa crisis ha estado motivada en el hecho de que se ha pretendido repetir de alguna manera, ahora, en elecciones generales, el fraude acontecido en las primarias del 6 de octubre.
Si en esta ocasión el fraude no ha podido materializarse, se ha debido a la circunstancia de la presencia de los observadores de la OEA y de los técnicos de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES).
Estos últimos habían recomendado y acompañaron en la aplicación de un conjunto de medidas que reducirían los niveles de vulnerabilidad del sistema de votación automatizada; y al hacerlo así, dotaron dicho sistema de mayor seguridad.
Los patrocinadores del fraude encontraron los caminos obstruidos. Las sugerencias técnicas de IFES cerraron ventanas. No pudieron actuar a sus anchas, como en el pasado. Ante los obstáculos, les sobrevino la desesperación y el pánico, e incurrieron en errores.
La artimaña fraudulenta emanó como pus, y sus secuelas fueron expuestas al sol. Ahora queda por investigar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de esta trama criminal contra el pueblo dominicano.
Esto no debe permanecer impune. Los responsables deben ser severamente castigados.
Exigimos una investigación profunda e imparcial de lo ocurrido. Es imprescindible una medida cautelar de los kits electorales.
Hoy, a partir de la 1:20 de la tarde, dichos kits empezaron a ser movilizados de los diferentes colegios electorales, sin la participación de los observadores electorales internacionales, de los delegados políticos y sin seguir el protocolo de resguardo de la cadena de custodia.
Debido a esto, desde ya solicitamos que a partir de mañana, se les permita a los técnicos del IFES y de la OEA, realizar una auditoría a los referidos equipos con la finalidad de poder esclarecer lo ocurrido.
Durante el transcurso de esta semana, se impone la realización de un diálogo político entre los principales líderes de las distintas organizaciones cívicas del país.
Es preciso buscar una solución consensuada que, en estricto respeto a la Constitución de la República, permita consolidar nuestra democracia, el Estado de Derecho y la transparencia de los procesos electorales.
A quienes en el día de hoy han querido interrumpir e ignorar la voluntad popular de un pueblo que acudió desde tempranas horas de la mañana a ejercer su derecho al voto, les decimos lo siguiente:
el pueblo dominicano ya los conoce, sabe lo que pretenden hacer y les advierte que bajo ninguna circunstancia, se saldrán con la suya.
Aquí está la Fuerza del Pueblo para impedirlo, como lo hizo una vez en la defensa a la Constitución. La Fuerza del Pueblo estará siempre dispuesta a encabezar toda lucha que conduzca a la sociedad dominicana a cristalizar sus sueños de paz, de progreso y de bienestar para todos. 
