Thread by @JaumedUrgell

La Justicia de #Italia🇮🇹🇪🇺 se une a la larga lista de Estados Miembro de la #UniónEuropea🇪🇺 que rechazan las toscas maniobras de la —notoriamente parcial— cúpula judicial de #España🇪🇸🇪🇺 y rechaza colaborar en la persecución judicial de representantes electas de Cataluña. (hilo⬇️)

Vaya por delante que este breve análisis lo escribe un vasco-catalán que ama España, Europa y la humanidad, defensor de derechos humanos y sin especial interés por la independencia. Ante todo: paz y convivencia, respeto a la democracia, el Derecho y la búsqueda de la concordia.

PRIMERO. En octubre de 2021 todos los juristas de la Unión European tienen claro que los “argumentos” esgrimidos por el magistrado Pablo Llarena adolecen de una falta de rigor y solidez en su fundamentación jurídica y desconocimiento procesal europeo. Son invectivas de parte.

SEGUNDO. Es evidente que no nos encontramos ante una acción judicial realmente originada por delitos comunes sino ante un caso de #lawfare, en el que se utiliza al Poder Judicial como un instrumento más del “monopolio de la violencia” contra algo que tiene una solución dialogada.

TERCERO. Cataluña, Europa y el mundo entero saben que el Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó no cometió ningún delito al protagonizar una acción simbólica, un acto político de desobediencia civil pacífica, bajo la firme y expresa voluntad de seguir dialogando.

CUARTO. En Derecho Comparado, tanto en la mayoría de los textos como en la jurisprudencia relacionada, los tipos penales de rebelión, sedición y similares requieren, inexcusablemente, del concurso de acciones violentas que en el conflicto catalano-español de 2017 no existieron.

QUINTO. Criminalizar la legítima, pacífica y democrática actividad política de algunas ideologías denota una grave carencia de calidad democrática por parte del Reino de España, singularmente, ante el agravio que supone la existencia impune de partidos de clara inspiración nazi.

SEXTO. Las y los representantes electas de Cataluña tienen derecho a la presunción de inocencia, a buscar y obtener asilo contra persecución política, a un juicio justo y a un tribunal imparcial. El Tribunal Supremo de España pretende conculcar todos esos derechos humanos.

SÉPTIMO. En sus múltiples escritos y declaraciones públicas, tanto el magistrado Pablo Llarena como otros miembros del tribunal han dado pruebas inequívocas de su enemistad manifiesta con los acusados, así como de su flagrante parcialidad por sesgo ideológico.

OCTAVO. La cuestión central de la vista de extradición celebrada hoy en el Tribunal de Apelación de Sassari causa sonrojo a cualquier jurista imparcial que tenga conocimiento de la causa: el juez español intentó evitar los efectos jurídicos de una acción impulsada por él mismo.

NOVENO. En el marco de un Estado constitucional, social, democrático y de Derecho, no es con las cargas, los golpes y la violencia embrutecida del «¡A por ellos!» como se reconducen las diferencias políticas existentes en el seno de la ciudadanía, sino con la palabra y los votos.

DÉCIMO. Prohibir, aplastar, golpear, perseguir y encarcelar a la disidencia pacífica y democrática no hará desaparecer los conflictos derivados del complejo y hoy por hoy ineficaz encaje territorial de las diferentes legitimidades y culturas presentes en este conflicto.

Ustedes que pueden: ¡Hablen! Escúchense desde el respeto; abran vías para el acuerdo; avaloren la Concordia; construyan espacios de encuentro, no juicios simulados; conózcanse para deshacer y superar los rencores de un pasado incierto que no debe forzarnos a un futuro injusto.◾️