El Presidente parece haber revelado en su mañanera de hoy, la estrategia para imponer la “Ley Bonilla”. Abro hilo.
En la AI 28/2006, la Suprema Corte fijó como criterio que una acción de inconstitucionalidad se puede sobreseer cuando la demanda se interpone contra un precepto transitorio que ya cumplió el objeto para el cual se emitió.
La “ley bonilla” es la modificación al transitorio que fijó un plazo de dos años de la gubernatura electa en 2019, para empatar el calendario local con el federal, tal y como lo mandata la Constitución Federal.
El Congreso local se guardado por meses el Decreto. No se ha publicado y no ha entrado en vigor. Por esa razón, ninguna demanda de inconstitucionalidad hasta ahora promovida ha sido admitida.
El gobernador electo tomará posesión el próximo 1 de noviembre. Salvo que la Corte le dé trámite preferente a las demandas, es prácticamente imposible en menos de 15 días desahogar el procedimiento previsto en la ley reglamentaria.
Entonces, y ahí viene la triquiñuela procesal, el Congreso local toma la protesta por 5 años conforme al transitorio vigente al momento (Ley Bonilla). Dicho transitorio cumple su objeto y ¡PUM! procede sobreseer conforme el criterio de la AI28/2006.
Y Morena feliz, feliz, feliz: hay gubernatura por 5 años, la Corte le saca la vuelta al caso, el Ministro Presidente no tendrá que probar el nuevo estándar del “constitucionalismo transformador”. Todo quedará en una imposibilidad procesal para invalidar el atraco.
