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El viaje en autobús Cartagena-Madrid es bastante aburrido así que voy a matar el tedio con un hilo provocativo. Para ello nada mejor que una buena afirmación inicial:

Queridos lectores no se hagan ilusiones: las instituciones legales, son dominio exclusivo de los poderosos.
Los poderosos, las corporaciones, los bancos, las aseguradoras, son usuarios intensivos de la administración de justicia y estos usuarios intensivos disponen de interesantes recursos para hacer que se interpreten las leyes a su favor.
En general cuando un ciudadano acude ante los tribunales de justicia no persigue que estos fijen unas líneas jurisprudenciales que favorezcan a los particulares, se limita a litigar tratando de obtener justicia en su concreto y particular caso.
Los usuarios intensivos de la administración de justicia (bancos, aseguradoras) en cambio pueden seleccionar los casos que llevarán a apelación, casación o amparo, de forma que se garantizan las mejores oportunidades para obtener una jurisprudencia que les favorezca.
Los usuarios intensivos de la administración de justicia pueden transaccionar o pagar aquellos asuntos que no desean que lleguen más allá de la primera instancia, de forma que resoluciones que podrían perjudicarles jamás alcancen ni siquiera el rango de «jurisprudencia menor»
El abogado que hizo el mayor favor a los consumidores españoles no fue Dionisio, el defensor de Aziz, sino el abogado del banco que, envanecido, se negó a transaccionar el asunto de un don Nadie. Su terca oposición permitió que el asunto llegase al TJUE y el resto es historia.
Los usuarios intensivos de la administración de justicia, además, complementan toda su estrategia anterior con una eficaz y constante labor de lobby ante gobiernos y partidos de la oposición cuyas campañas financian.
Si usted lo piensa hay procedimientos cuyo uso es casi exclusivo de estos usuarios intensivos, como por ejemplo las ejecuciones hipotecarias; no parece que la ley tenga la misma deferencia con los consumidores cuyo procedimiento estándar es el "ordinario".
Y sin embargo estos usuarios intensivos, gracias a su labor de lobby han conseguido que se considere a los españoles "querulantes" cuando un ciudadano apenas si va al juzgado una vez en su vida y ellos centenares de miles.
¿Recuerdan a Gallardón y sus tasas?
Abogados y abogadas, dentro del panorama descrito, son poderosos guardianes de las instituciones políticas y legales donde la dinámica entre la ley y el cambio social tiene lugar (Galanter 1974, Hunt 1990, Silbey 2005) y, si me lo permiten, déjenme que les ponga algunos ejemplos.
Cuando en 2012 el ministro de justicia de infausto recuerdo Alberto Ruíz Gallardón estableció unas infames tasas judiciales para poder acceder a la administración de justicia, se cuidó muy mucho de que las tasas que gravaban el acceso a los recursos fuesen las más elevadas.
Esto no era casual, era la forma de colocar más lejos del ciudadano común las instancias donde se fija la jurisprudencia y era la forma de permitir a los poderosos seleccionar los procesos más convenientes para llevar ante ellos.
Fue con la infamia de las tasas cuando apareció con fuerza en España una abogacía rebelde, bien que con causa, que no estuvo dispuesta a aceptar como inevitable aquella iniquidad.
Una abogacía que ya no litigaba por el caso concreto sino en el marco de una estrategia procesal más amplia y buscaban casos "perfectos" que poder llevar ante los tribunales españoles y europeos a la busca de resoluciones que pusiesen fin a la infamia de las tasas.
Esta abogacía no no es una abogacía de causas perdidas sino una abogacía de futuro, que ya no busca ganar un caso sino que trabaja para ganar una causa colectiva, ya sea una ampliación de derechos fundamentales, la derogación de una ley injusta o remediar situaciones de hecho.
Veo este tipo de abogacía en muchas acciones de los abogados de extranjería, laboralistas, de consumidores, partidarios del conocimiento y el software libres... una dimensión ética empieza a generalizarse —siempre ha estado ahí, bien que menos visible— en la abogacía.
Desde los abogados laboralistas que —durante la transición— trabajaron (y a veces murieron) defendiendo un cambio necesario, hasta los modernos abogados tecnológicos la abogacía ha sido siempre un importante agente de cambio y progreso social capaz de forzar avances sorprendentes
Es tiempo de que abogados y abogadas tomen conciencia de su inmenso potencial como agente de cambio y busquen la manera de organizar y optimizar su trabajo, no sólo en interés de sus clientes, sino de toda la sociedad.

¿Qué tal si lo hacemos juntos?

Nos vemos en #Córdoba2019
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