Vamos viendo. Quienes más defienden la Constitución actual son claros a este respecto: la Constitución no permite la fijación de precios, salvo en casos de monopolios naturales o en estados de excepción constitucional (de asamblea o de catástrofe, conforme al art. 43).
Lo dicen, por ejemplo, los Profs. Arturo Fermandois y José Francisco García (37 Revista Chilena de Derecho, 2010, pp. 343- 376, disponible en scielo.conicyt.cl/scielo.php?scr…) 
El Prof. Fermandois ya había dicho que
En este punto es útil relacionar este argumento contra la fijación de precios con la cuestión de los fondos previsionales. La fijación de precios sería una "completa excepción a las facultades del dominio" porque esas facultades implican poder de decisión respecto de la cosa...
Es decir, fijar precios sería inconstitucional por limitar (parcialmente) el control del dueño sobre su cosa.
Pero los trabajadores no tienen ningún control sobre sus fondos previsionales, y eso es perfectamente constitucional.
Pero los trabajadores no tienen ningún control sobre sus fondos previsionales, y eso es perfectamente constitucional.
Es decir: cuando se trata de las empresas, una limitación parcial es inconstitucional; cuando se trata de los trabajadores, una privación total no tiene problemas de constitucionalidad. Esto es una muestra de *para quién* es esta constitución.
