La consulta pública sobre la planta Constellation Brands en Mexicali es una expropiación indirecta que se puede litigar vía arbitraje de inversión. México lo perdería y sería condenado a indemnización y daños punitivos, incluyendo la caída del valor de las acciones en Bolsa.
El antecedente de este tipo de condenas por acciones administrativas del Gobierno en contra de inversión extranjera, es el caso Metalclad Corporation. El caso involucró la operación de un confinamiento de desechos peligrosos en el Municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.
La empresa argumentó que el gobierno de San Luis Potosí y el Ayuntamiento de Guadalcázar habían impedido la operación del confinamiento. Demandó una indemnización por 130 millones USD. El tribunal impuso una indemnización por 16 millones USD a favor de la empresa.
El 30 de agosto de 2000, el tribunal arbitral determinó que, México había violado sus obligaciones del TLCAN al no haberle otorgado a la inversión de Metalclad un trato justo y equitativo acorde con el derecho internacional, y haber adoptado medidas equivalentes a expropiación.
El punto fino del litigio fue la decisión del Tribunal en considerar al Decreto emitido por el Gobernador de SLP, que declaró reserva ecológica la zona donde se ubica el confinamiento, como una expropiación indirecta de la inversión hecha de Metalclad.
En el caso Constellation Brands, derivado de la consulta pública realizada, se pueden repetir el mismo escenario: Decreto de Gobernador o Decreto de Conagua/CEABC que decrete reserva ecológica y por ende una expropiación indirecta que sería la base de indemnización
Uno de los mayores logros de la Legislatura pasada del Senado de la República fue aprobar el Convenio CIADI que obliga a México a acatar los laudos arbitrales de controversias de inversión. Es una excelente herramienta jurídica para detener los excesos populistas del demagogo.
